ROMAN GRESSIER



Las voces silenciadas en la frontera


El gobierno estadounidense puso en marcha un sistema caótico que obliga a los migrantes vulnerables a esperar semanas en la ciudad de Tijuana para ejercer su derecho constitucional de solicitar asilo en Estados Unidos. Dicho proceso sin duda reafirma la política migratoria extrema de Washington. Un reportaje especial cuenta algunas de sus historias.



Miles de migrantes tienen que esperar semanas en la ciudad fronteriza de Tijuana, México, antes de postularse al asilo, gracias a un sistema de «medición» impuesto por las autoridades estadounidenses. Foto Suzanne Gilliam.


Read the version in English published in The Crime Report.

Un día del pasado mes en la ciudad fronteriza de Tijuana, una plaza llamada El Chaparral empezó a llenarse de migrantes alrededor de las 7:00 de la mañana. Se congregaron en grupos pequeños al lado del puerto fronterizo de San Ysidro.

Aquella mañana trajo viento frío y lluvia intermitente, lo típico para un día de febrero tijuanense. Muchos madrugaron y viajaron por horas desde albergues lejanos para llegar a la hora indicada. Algunos se calentaron con una copa de champurrado caliente o un tamal de un vendedor local.

El resto de Tijuana amaneció gradualmente. Unos pachangueros desvelados salieron de discotecas sospechosas en la Calle Coahuila y pasaron caminando por farmacias con promociones de Viagra y Cialis a precios regalados. Los taxis de color blanco y verde y carros de Uber lucharon al borde de la plaza por la clientela de turistas y residentes. Personas con trabajos en San Diego pasaron a pie por la cerca oxidada que separa las maquiladoras en Tijuana del Centro Comercial Las Américas en San Diego.

Pero la gente que tiritaba en la plaza no pudo emprender el mismo viaje.

Solicitantes de asilo esperando en El Chaparral para esperar la llamada de sus nombres. Foto cortesía de Suzanne Gilliam.


La hora de comienzo en El Chaparral no se indicó al azar. Es el momento diario cuando se les permite acercarse a un pequeño pabellón rojo ubicado en la plaza y escribir sus nombres a pluma en un cuaderno con bordes desgastado llamado «la lista».

Para aquéllos que huyen de las condiciones de opresión y pobreza de sus patrias, la lista es efectivamente el guardián del sistema migratorio vasto de Estados Unidos en Tijuana.

El proceso de «la lista» es una colaboración entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y los Grupos Beta, el brazo humanitario del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, para controlar el ingreso de solicitantes de asilo a Estados Unidos.

La legalidad de su colaboración, en su interpretación más generosa, es dudosa.

Algunos defensores migratorios sostienen que la lista crea una barrera de ingreso y viola las garantías legales que permiten que los solicitantes de asilo presenten su caso, bien en un puerto fronterizo u en cualquier otra parte del territorio estadounidense, hasta un año después de su llegada y sin importar el método de su entrada.

La CBP adoptó el sistema de listas, un proceso de medición, en 2016 para frenar un número aumentado de haitianos llegando a los puertos de entrada de San Diego y Calexico, según el Center for U.S.-Mexican Studies. La medición existe en varias formas en cada puerto fronterizo entre Estados Unidos y México.

La lista de Tijuana es la más extensa de todas.

Al parecer, el sistema de la lista es bastante sencillo. Los que desean pedir asilo añaden sus nombres a la lista bajo el pabellón todos los días entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana. Sacan un número de espera con la instrucción de volver a presentarse al pabellón cuando llegue su turno. Pueden averiguar el último número llamado cada día por un sitio web.

Cuando los encargados empiezan a llamar los números por megáfono cada mañana, la plaza se calla. Los llamados presentan su identificación y esperan para que los Betas suban sus pertenencias a un camión del INM y los lleven aproximadamente una milla hasta una calle privada y no pavimentada detrás de PedEast, la instalación aduanera manejada por CBP y sus contratistas privados de Paragon Systems.

Después, agentes de la CBP llevan a los migrantes a Otay Mesa, un centro de detención para migrantes. Es ahí donde se detiene a algunos solicitantes de asilo hasta que un agente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), un componente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los entreviste para determinar si su caso merece la mirada de un juez.

En febrero, un promedio de cuarenta personas pasó por la lista diariamente. Al final del mes, la lista de Tijuana había acumulado un retraso de 3.000 personas, una cola que alargaba cada día.

Esta cerca oxidada en Nogales, México, cubre gran parte de la frontera entre Estados Unidos y México. Foto cortesía de Sarah Amado White via Flickr.


El hecho de registrarse en la lista no garantiza que un caso de asilo tenga éxito. Dadas la complejidad y limitación de la ley de asilo, muchos no cumplen los requisitos, pese a los traumas y la violencia que hayan enfrentado en sus patrias.

Pareciera que el proceso burocrático impersonal que empieza en El Chaparral fuera designado para disuadir a los que buscan asilo. Sin embargo, no es un freno para muchos.

«No hay de otra», reflexionó un michoacano cuando le pregunté por qué toleraba las frustraciones de la lista. (Se ha retenido los nombres de migrantes entrevistados para este reportaje, a fin de proteger su anonimato.)

Tuvo razón. Aquéllos que intentan presentar sus casos directamente al puerto fronterizo sin pasar por la lista ni siquiera llegan a la aduana, a pesar de su derecho constitucional de hacerlo. Más bien, un policía federal mexicano con un aspecto severo los orienta hacia el pabellón rojo.

Otros que esperaban en la plaza dejaron claro que estaban dispuestos a soportar las condiciones de los albergues, la burocracia improvisada del pabellón rojo y la espera aparentemente infinita para esperar su turno.

«Estoy en búsqueda de estabilidad», me contó un migrante camerunés.

«Pongo mi fe en Dios que voy a superar esto», añadió un hondureño que viajaba con su hijo de diecisiete años.

Un atasco global

Me ofrecí como intérprete y traductor voluntario por tres semanas del mes pasado con el Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado, una organización de asesoría legal para migrantes basada en Tijuana que se sostiene mayormente por donativos y trabajo voluntario.

La experiencia fue una revelación sobre la manera en la que la política migratoria caótica y extrema de Washington se lleva a cabo y la crisis creciente que dicha política ha creado en la frontera sureña del país.

El Chaparral es ahora el punto de reunión para miles de personas del mundo entero que no sólo buscan oportunidades económicas mejores; en prácticamente todos los casos están huyendo para salvar sus propias vidas.

Desde noviembre de 2018, Al Otro Lado ha trabajado con personas pasando por Tijuana de al menos 37 nacionalidades distintas.

La mayoría vino de Centroamérica, México y el Caribe. En febrero de 2019, vi que las porciones más grandes de personas que esperaban poner sus nombres en la lista llegaron de Honduras, El Salvador y México.

Otros llegaron desde Guatemala, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia, Haití, Yemen, Turquía y Rusia.

Un contingente sorprendentemente grande, sin embargo, llegó desde países de África Central y Occidental, incluyendo Camerún, la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mauritania, Liberia, Sierra Leona y Guinea.

Sus historias de sufrimiento y sobrevivencia son desgarradoras.

Un hombre camerunés estuvo sentado en silencio en la plaza. Al empezar a contarme su historia, sus ojos revelaron una melancolía profunda. Nos sentamos con la mira puesta sobre los cerros ondulantes de Tijuana y San Diego desde un techo cerca de la frontera para retener el calor del anochecer.

Fue uno de los 200,000 desplazados a causa de la mano dura del gobierno camerunés contra los separatistas anglófonos y otros desde diciembre de 2017. Apartado de la política por toda su vida, se le acusó de separatista cuando los militares abrieron fuego sobre el negocio de un amigo. Lo detuvieron y lo torturaron, pero por poco se escapa a la selva cuando sus captores se distrajeron. Poco después, lo volvieron a capturar y lo torturaron de nuevo.

«Vi y pasé por cosas que no creía que los seres humanos fueran capaces de infligirse unos a otros», dijo.

En un giro afortunado, un desconocido lo soltó de la detención. Salió de su país a escondidas en la parte de atrás de un camión cubierto en heces de cerdo y con la cara envuelta en tejido para mitigar el olor. Pasó desapercibido por la aduana de Nigeria en el aeropuerto con la ayuda de un empleado de aerolínea antes de aterrizar en la Ciudad de México.

Una condena de muerte le espera en Camerún. Ha puesto su fe en la lista.

Para él y otros cameruneses, rápido se les agota el tiempo. El gobierno mexicano detuvo a muchos refugiados cameruneses en un centro de detención común en Tapachula, Chiapas antes de permitir que siguieran su camino. Algunos tienen visas humanitarias, las cuales son diferentes del proceso de asilo. Otros tienen órdenes para salir de México en quince días.

Los migrantes centroamericanos enfrentan una brutalidad elevada.

Desde que la caravana de migrantes emprendió su viaje para el norte y se convirtió en polémica en Estados Unidos y México, la respuesta hostil de ambos gobiernos se volvió violenta.

La CBP disparó balas de goma y gas lacrimógeno sobre la caravana en noviembre cerca de esta sección del Río Tijuana, un canal que se llena de agua en tiempos de lluvia. Foto cortesía de Susanne Gilliam.


A fines de noviembre, las fuerzas de la CBP tiraron balas de goma y gas lacrimógeno a un grupo de la caravana compuesta mayormente de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Según reportajes de la prensa, los de la caravana hicieron una huelga e intentaron escalar la cerca fronteriza. Según una fuente mexicana que optó por no revelar su nombre para protegerse de la retaliación de su gobierno, las fuerzas mexicanas de seguridad habían dirigido al grupo de migrantes hacia el canal drenado, una maniobra que contribuyó en gran medida a la agitación que precedió el ataque.

Un aumento precipitado de fuerzas militarizadas de México y Estados Unidos siguió el incidente tras noviembre y diciembre. El número de fuerzas armadas mexicanas que patrullan las calles de Tijuana disminuyó en enero y febrero, pero la fuente confidencial sospecha que sus números aumentarán a lo largo de los meses venideros mientras lleguen grupos migratorios sucesivos desde Centroamérica.

Además, muchos centroamericanos que intentan presentar sus casos de asilo sin pasar por El Chaparral ni reciben la instrucción de poner sus nombres en la lista. Más bien, los gobiernos de Estados Unidos o México los detienen y los deportan directamente a su país de origen sin permitir un juicio justo para sus casos.

Por ejemplo, una salvadoreña anteriormente deportada por la CBP me explicó que cuando intentó presentar su caso, el agente de la CBP que la detuvo sólo la preguntó si era centroamericana antes de forzarle a firmar un documento de deportación que no entendía.

Muchos migrantes también enfrentan la hostilidad de algunos tijuanenses que se quejan abiertamente de los centroamericanos en particular. Algunos hasta los llaman «hondureños sucios» sin importar su nacionalidad y los culpan de cualquier delincuencia local o consumo de drogas.

Una tarde, conocí a un joven salvadoreño con una manera acogedora y ojos amables que había llegado a la plaza a mediados de febrero. Se escapó tras amenazas de muerte de los emeeses por negarse a traficar drogas. En camino hacia Tijuana con cuatro amigos, unos narcotraficantes los pararon, los pusieron un cobro de piso e intentaron convertirlos en mulas. Ninguno de los cinco acordó.

De los cinco amigos, es el único sobreviviente. Los narcotraficantes secuestraron a los demás y no había conseguido ninguna noticia de ellos.

Muchos menores llegaron a Tijuana sin adultos y ahora se pierden por las calles cerca de El Chaparral. Conocí a uno de Guinea, una de Michoacán y muchos de Centroamérica. Algunos se identifican como LGBTQ y por ende corren peligro elevado. Recurren a mendigar comida y a vender dulces a paseantes desde las esquinas de las calles.

Uno me divulgó su más gran anhelo: llegar a ser futbolista profesional. Le duele caminar y es probable que necesite cirugía en la rodilla.

La lista es prohibida para menores no acompañados.

Agentes mexicanos suelen ponerlos bajo la custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Desde ahí deportan a los que no son mexicanos, según vigilantes legales del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos con base en la frontera.

Cuando menores de edad intentan presentarse solos a la CBP, los agentes suelen rechazarlos completamente sin respetar la ley de debido proceso. Sin embargo, cuando asesores legales los acompañan, la CBP suele cambiar su tono.

Los agentes suspiran hondo con una expresión exasperada. «Háganse a un lado.» Los cachean y los tramitan a regañadientes.

Los desafortunados que han pasado desapercibidos por las autoridades están embarrancados en Tijuana y sin ayuda en su búsqueda de refugio. No está claro cuántos menores se encuentren en tales condiciones.

Así funciona la lista

Alrededor de las 8:00 cada mañana, un par de agentes de chamarra naranja de los Grupos Beta llegan al pabellón. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha encargado a los Betas que supervisen el sistema migratorio de México.

En sus espaldas llevan las palabras, Protección a Migrantes. Sin embargo, hacen el trabajo del gobierno estadounidense en controlar el ingreso diario de migrantes a la frontera. Juegan un papel protagónico en un proceso que mantiene a miles de migrantes en peligro diario de robo, secuestro, hambruna y muerte. Tal proceso disuade a muchos de ejercer su derecho constitucional de solicitar asilo.

Las autoridades de la CBP encargan a los Betas con la administración diaria de la lista. Dado que la lista permanece en tierras mexicanas, la CBP puede distanciarse de su administración.

En realidad, la CBP determina el número diario de migrantes de la lista que recibirá. Durante las tres semanas que pasé en Tijuana, vi que los Betas comunicaban la capacidad diaria a los que esperaban ansiosamente en El Chaparral.

La lista tiene el apoyo tácito de la CBP.

En una larga declaración emitida por correo electrónico, una portavoz de la CBP ubicada en San Diego dijo que el aumento del numero de solicitantes de asilo había forzado la agencia a «manejar las filas» --lo cual atrapa a la gente en México para reducir la presión sobre las autoridades fronterizas de Estados Unidos.

«Conforme a nuestra práctica por varios años, cuando nuestros puertos fronterizos alcanzan su capacidad, tenemos que manejar las filas. Los que se presentan sin documentos quizá tengan que esperar en México mientras los funcionarios de la CBP se esfuerzan por tramitar a los que ya están bajo nuestra custodia», explicó. Citó un aumento de 121% en el número de trámites—unos 93.000 casos únicos—dentro del año fiscal 2018.

La agencia tramita a los solicitantes de asilo «tan pronto fuera posible, sin abdicar la misión más amplia de la agencia ni arriesgar la seguridad de aquéllos bajo nuestra custodia», siguió.

La cantidad de personas tramitadas depende de «la complejidad del caso, recursos disponibles, necesidades médicas, requisitos de traducción, espacio libre de detención, volumen de tráfico en el puerto y acciones policiales activas», explicó.

También elaboró la manera por la que la CBP calcula su capacidad diaria:

«Los puertos fronterizos no fueron diseñados con el propósito de contener a cientos de personas que posiblemente busquen asilo. Además, tenemos el mandato de mantener el flujo de comercio y tráfico. Mantener el balance de estas exigencias, impedir el ingreso de productos y personas ilícitos al país y manejar el aumento de centroamericanos buscando asilo (encima de todo lo demás que hacemos) requiere un equilibrio cuidadoso de nuestros recursos y nuestro espacio.»

Frente a la pregunta de si habían solicitado más fondos o recursos para adaptarse al aumento de casos de asilo, la sucursal de San Diego difirió a su sede en Washington.

A la hora de publicar este reportaje, la sede de la CBP en Washington no ha respondido.

Foto cortesía de Susanne Gilliam.


Mientras estuve en El Chaparral, fui testigo de que los Betas hacían toda decisión sobre quién tendría acceso a la lista y cuáles nombres serían llamados. Pero entendí la naturaleza arbitraria de la lista cuando en una ocasión un vigilante legal intercedió a favor de una señora que se había perdido la llamada de su número y desafió la autoridad de los Betas sobre las reglas de la lista.

Al final, el Beta se retiró y permitió que la señora subiera al camión y presentara su caso a la CBP.

Los Betas encargan a los migrantes mismos con la responsabilidad de recibir y llamar los nombres en la lista, a fin de vender la idea de que están ahí únicamente en capacidad de apoyo humanitario. A cambio, los Betas prometen a estas personas, conocidas como gerentes de la lista, que recibirán lugares seguros y más avanzados en la lista.

Gerentes pasados de la lista han sido castigados o echados de la lista por proporcionar información o parecer colaborar con vigilantes legales o defensores de derechos humanos, me comunicó un portavoz para Al Otro Lado.

Los Grupos Beta no comentaron sobre su rol en la administración de la lista, a pesar de varias llamadas a números publicados y una solicitud escrita.

Frente a la espera larga de aproximadamente dos meses, muchos se dan por vencidos. Casi la mitad de las personas registradas en la lista no estuvieron presentes para la llamada de su número en febrero. Otros recurren al uso de sobornos para saltar la fila.

Una mañana, una familia de tres generaciones llegó a la línea. El patriarca que los dirigía empieza a perder la paciencia.

«Tenemos un arreglo con el Beta», habló entre dientes, cuando un policía nacional los prohibió el paso hacia la aduana.

Poco después, sin pasar por la lista, los Betas subieron la familia a los camiones.

El ritual diario en El Chaparral es un proceso caótico y lúgubre. Hasta violento puede ser.

Algunos migrantes han indicado que fueron asaltados entre su partida de la plaza y su entrega a la custodia de la CBP.

La instalación de PedEast del puerto fronterizo de San Ysidro tramita unas 25.000 personas cada día, incluyendo peatones y 22 carriles de vehículos. Los solicitantes de asilo que entran la instalación de la CBP se desaparecen de la vista de monitores de derechos humanos.

La única organización presente cada mañana en El Chaparral es el Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado. A la hora de llamar los números de la lista, un grupo de abogados, intérpretes y otros voluntarios empieza a proveer asesorías de emergencia para informar a los migrantes de la ley de asilo de Estados Unidos.

Pero durante el tiempo breve en el que estuve en El Chaparral, los Betas dificultaron las asesorías legales que proporcionaban los abogados a los migrantes que cruzaban cada día. Al final del mes, por ejemplo, los Betas empezaron a pasar a los migrantes detrás de una cerca blanca gruesa para esperar los camiones. Las asesorías se tuvieron que llevar a cabo a través de la cerca.

Una mañana, vi que una niña de chamarra rosada y envuelta en una bufanda grande jalaba una maleta más alta que ella hacia los camiones. Su madre cargaba a su hermana menor y las otras maletas en frente de ella con una determinación solemne.

Dos cameruneses entran por la cerca y miran hacia atrás para agarrar las manos de sus amigos a través de la cerca del estacionamiento del INM.

Sueltan una broma antes de despedirse: «Ya no hablamos con ustedes los mexicanos, que ya somos norteamericanos.»

Se desatan las risas.






Foto cortesía de Susanne Gilliam.


Al otro lado

Trabajé de intérprete y traductor voluntario del español, francés, e inglés para la organización Al Otro Lado. Tarea gruesa el mensaje que se comunicó cada mañana a los migrantes ya listos para cruzar a Estados Unidos.

Una vez llevados a uno de los centros fronterizos de detención, llamados «hieleras» por la temperatura que se mantiene incómodamente fría, sólo podrán quedarse con la ropa más cerca de su piel. No tendrán cama ni almohada. Esto se aplica para ancianos, niños, mujeres y enfermos.

Puede que estén en las hieleras por semanas antes de recibir su entrevista de asilo.

Es probable que la CBP intente obligarle a firmar documentos de deportación o de separación familiar. (Los abogados voluntarios aconsejan que no firmen documentos que no entiendan.)

Es fuertemente posible que las autoridades migratorias intenten separarles de sus hijos, sobre todo para niños viajando sin padres o tutor legal y para niños con ciudadanía en Estados Unidos viajando con padres no ciudadanos.

En la plaza, las madres y padres escriben sus propios nombres, fechas de nacimiento y un número de contacto en Estados Unidos con marcador permanente sobre los brazos de sus hijos entre lágrimas y abrazos.

La mayoría de aquéllos que logran poner sus nombres en «la lista» de Tijuana inicialmente creen que la aduana de Estados Unidos los dará una bienvenida amigable o al menos una audiencia imparcial.

Pero la desilusión amontona rápido.

«Creía que Estados Unidos era un lugar que respeta los derechos humanos», suspiró un hombre jamaicano, que se identificó como miembro de la comunidad LGBTQ, al contemplar las condiciones de detención de la CBP. «Pero ahora veo que no es cierto.»

Todavía estaba embarrancado en la lista cuando hablamos.

El precio del rechazo

Por tan frustrante que sea el proceso de la lista en El Chaparral, ello sólo representa un portal hacia las barricadas que esperan a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera. Entre ellos, la separación familiar, la detención indefinida, y el riesgo de deportación.

La ley de asilo de Estados Unidos abarca los casos de aquéllos que temen por sus vidas en sus patrias a causa de su raza, religión, nacionalidad, u opinión política, o por ser miembro de un grupo social particular muy amenazado (p. ej. Personas LGBTQ, paramilitares retirados, mujeres, víctimas de violencia doméstica, etc.).

Los solicitantes de asilo tienen derecho a una entrevista en su lengua materna, la cual será su oportunidad para explicar al funcionario qué le pasó, quién los dañó y por qué. Además, deberán explicar por qué la policía fue incapaz de protegerles y por qué les resultó imposible mudarse a otro lugar dentro de su país de origen.

La incapacidad de presentar un caso convincente significa que no pasarán delante de un juez y casi sin duda serán deportados. Pero si bien un solicitante pasa la entrevista, podrá quedar detenido por meses, o en algunos casos se le puede deportar a México, para esperar su fecha en la corte.

Una mañana, los Betas transfirieron a los migrantes a la custodia de la CBP y a cambio recibieron un grupo de seis niños y tres mujeres que habían sido «regresados» a México. El gobierno de Estados Unidos los asignó una fecha para comparecer ante el juez.

Quedaron por su cuenta en El Chaparral, vulnerables a los mismos peligros de los cuales huyeron originalmente.

Las provisiones de los albergues manejados por el gobierno mexicano son rudimentarias. Me contaron unos defensores migratorios que muchos ahí reciben amenazas de secuestro u extorsión por grupos del crimen organizado.

A principios de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró la autoridad de devolver a los solicitantes de asilo a México bajo los «Protocolos de Protección de Migrantes» (MPP).

A través de un comunicado en enero de 2019, Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen M. Nielsen describió la MPP como un «enfoque humanitario [que] contribuirá a terminar con el aprovechamiento abusivo de nuestras generosas leyes inmigratorias.»

Concedió que fue una decisión «sin precedentes» y argumentó que fue necesaria instituir la MPP para remediar la «urgente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sureña.»

Múltiples organizaciones, incluyendo Al Otro Lado, se han unido a una acción judicial colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional para desafiar la base legal de la MPP.

La MPP «viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo y el deber de Estados Unidos bajo la ley internacional de derechos humanos que prohíbe enviar personas de regreso a condiciones peligrosas», según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que participa en la acción.

Los que (en) la frontera desaparece(n)

Muchos de los que esperan en El Chaparral se pierden.

Conocí a una pareja hondureña y sus dos hijos en la segunda semana de febrero. El papá me contó la historia de su éxodo de Tegucigalpa con miedo. Le arrancaron las lágrimas.

«Nunca quise irme [de Tegucigalpa]», empezó. «Pero los pandilleros llegaron encapuchados a mi casa. Me derribaron con la culata de sus rifles en frente de mis hijos.»

Su hijo menor tiene menos de dos años.

«Nos dieron 48 horas para salir de la casa. Ahora viven a dentro de ella. Llevamos todo lo que pudimos y huimos.»

Atravesaron todo México en autobús con poco dinero y visas humanitarias provisionales. Su viaje no había sido agradable.

Lograron alojarse en casa de un pastor tijuanense, que compartía su devoción evangélica, por casi dos semanas. De repente el señor tuvo que salir para una misión religiosa. Les llegó la noticia que no podían quedarse allí.

El hombre me llamó una mañana con una voz angustiada. El número alto que habían sacado de El Chaparral implicaba una espera de al menos un mes antes de emprender el viaje turbulento en camión hacia la CBP.

Sin dinero ni conocimiento de los albergues, temía que no pudieran aguantar la espera.

«No sabemos qué hacer», admitió.

La familia nunca llegó para recoger sus documentos traducidos y la lista de albergues.

Fue nuestra última conversación.


Román Gressier es periodista independiente basado en Nueva York. Tradujo este reportaje del inglés original. A la hora de publicar este reportaje, era pasante y corresponsal para The Crime Report, un periódico digital con sede en Nueva York. Se ofreció como voluntario con la organización Al Otro Lado en Tijuana entre el 7 y el 28 de febrero. Se graduó de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y anteriormente fue becario de investigación aplicada en el Instituto Vera de Justicia.

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